La nueva LEY DE INCAPACIDAD supone un cambio de paradigma para las personas discapacitadas en concordancia con los Derechos Humanos, abandonando una visión paternalista trasnochada.
La capacidad jurídica de las personas con discapacidad está en igualdad de condiciones que las demás personas en todos los aspectos de la vida, puesto que el derecho a la dignidad alcanza a todas las personas, tengan en mayor o menor medida alguna discapacidad. Y para impedir los abusos de los que pudieran ser objeto se establecen una salvaguardias proporcionales y adaptadas a las circunstancias de cada persona, que permiten asegurar el respeto de sus derechos, su voluntad y preferencias, evitando la influencia indebida y los conflictos de intereses.