EL mercado del alquiler en España sigue sin solucionarse, y buena parte del problema es que tenemos una economía sustentada muy fuertemente por la construcción. Hay que construir muchas viviendas generar beneficios rápidos y todos contentos: los bancos, las promotoras, las constructoras y las administraciones públicas, no así ni los propietarios de viviendas de alquiler ni los inquilinos.

La evolución de nuestras leyes de alquileres ha sido cambiante, desde la de 1964 ampliamente protectora del inquilino a las sucesivas reformas de la Ley de 1994, que han ido acortando los plazos de duración, a excepción de la última que retira el plazo mínimo de prórroga forzosa de 3 años y lo sustituye nuevamente por 5 años. La regulaciones del mercado de alquileres parecen hechas por funambulistas y no acaban de acomodarse porque nunca contentan a nadie.

Hay que hablar de un parque social de viviendas, con independencia de que se consigan regular los precios para frenar la especulación. La deuda de los bancos se podía haber saldado a cuenta de las viviendas, que podrían haber sido adquiridas por los Ayuntamientos o las Comunidades Autónomas. Nunca es tarde, ahora las empiezan a adquirir de la Sareb, pero ya los bancos lavaron sus activos tóxicos.

La cuestión es que cuando el inquilino no puede pagar la vivienda, se le podrá desahuciar pero no se podrá llevar a cabo el lanzamiento hasta tener una alternativa habitacional. La vivienda no sólo es un derecho social, sino individual porque atenta contra el derecho la dignidad de la persona. Así se ha pronunciado el TEDH, «en cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Estado español debe explicar, antes de hacer efectivo el desalojo, cómo garantizará los derechos de las personas que viven en él.»

Las últimas reformas han venido de la mano de la pandemia, según las cuales no se puede efectuar el lanzamiento mientras dure la pandemia, es más, no se puede concretar fecha de lanzamiento en la sentencia de desahucio, lo cual permite alargar los plazos del desahucio, pero el problema no queda resuelto. Hay que potenciar mucho más los alquileres sociales gestionados por las administraciones.